Luego de que el Gobierno nacional promulgara la ley del nuevo Consenso Fiscal, que suspende el cronograma de reducción de impuestos y, por el contrario, autoriza a las provincias y municipios a aumentar Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales, la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), al igual que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), advierte que la medida sólo agravará la agonía de las pymes, por lo que solicita al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que no afecte al sector.

Según CAME, por efecto de la pandemia, desde que comenzó la cuarentena y hasta diciembre de 2020 cerraron 90.700 locales en todo el país, 41.200 pymes están en situación de colapso y 185.300 trabajadores quedaron afectados. Además, un reciente estudio identificó que el 51% de las pymes debe impuestos, el 34% servicios y el 37% tomó deudas “extras” para poder sobrevivir.

Así surge del relevamiento realizado por esa entidad entre el 11 de mayo y el 7 de junio y del que surgió que el 37% de las pymes contrajo deuda “extra” este año para sostener la actividad. Y aunque esa proporción es 18 puntos menor al segundo semestre de 2020 (55%), se suma a que entre las empresas que tomaron deudas financieras el año pasado, un 27% debió refinanciarlas y otro 15% está en mora.

A las deudas financieras se agregan las impositivas: el 51% de las pymes relevadas declaró tener pasivos fiscales. Aunque esa ratio bajó 6 puntos frente a 2020, el 27,5% de las empresas que este año dejó de pagar impuestos postergó todos esos compromisos (nacionales, provinciales y municipales).

El mapa de endeudamiento pyme se completa con: 34% de empresas que adeudan servicios públicos (-6 puntos menos que en el segundo semestre de 2020), 15% que debe alquileres (en este caso aumentando 2 puntos frente a 2020) y 12% con dificultades para pagar salarios en tiempo y forma (-5 puntos frente al segundo semestre de 2020).

En el caso impositivo, sólo 22% de quienes tenían deudas el año pasado las sumó  a una moratoria, mientras que un 33% sólo puso algunas de ellas, y el restante 45% las dejó pendientes.

CAME destacó además el aumento de la informalidad laboral por la alta carga impositiva. De acuerdo con el “Informe sobre el Mercado de Trabajo” que el INDEC publicó a fines de 2020, 2,7, millones de trabajadores se encuentran en esta condición.

Por todo ello, resulta incomprensible la suspensión del cronograma de reducción de impuestos y la habilitación a incrementos de alícuotas del impuesto de Sellos por transferencia de inmuebles, automotores y actividades hidrocarburíferas.