Editorial

Sinceramiento tarifario, pero también reducción del

déficit fiscal y del gasto público estatal

La necesidad de adecuar las tarifas de los servicios públicos ha abierto nuevamente un amplio  debate en la sociedad argentina. Este Centro Empresario, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del alto costo de las mismas y de lo imperioso que resulta reducir el déficit fiscal y el gasto púbico estatal.

Los argentinos estamos acostumbrados a esto de “tensar la cuerda hasta el punto de cortarse”. Y, en ese sentido, ha sido inevitable llegar a este extremo -tensar tanto la cuerda- para darnos cuenta de la alta carga impositiva que se incluye en las facturas de los servicios públicos. A modo de ejemplo podemos mencionar los costos incluidos en las facturas que pagamos los cordobeses por el servicio de energía eléctrica. Si nos detenemos, por un momento, a analizar la factura que recibimos por tal servicio, podremos advertir que hay un gran componente impositivo -además de las cargas que gravan cualquier otro consumo, como son el IVA, Ingresos Brutos, etc.- que, usando como base imponible el importe del consumo del servicio básico, se adicionan al mismo y terminan encareciendo lo que el ciudadano común paga por tener la prestación. Tal es el caso, en su momento, del Impuesto al Fuego (hoy eliminado), o de las tasas municipales que perciben algunos municipios de la provincia, o, en el caso de las cooperativas eléctricas, de lo percibido en concepto de “otros servicios públicos”. Este elevado precio de tarifas de servicios públicos, indispensables para la actividad productiva, no hacen más que encarecer los costos de producción, transformándose en el famoso “costo Córdoba”, que, en muchas ocasiones, implica una desventaja comparativa para los productores cordobeses.

Esta situación no es nueva, y este Centro Empresario lleva ya mucho tiempo reclamando por una eliminación de ese “costo Córdoba”, y lo hemos expresado en nuestra opinión Institucional publicada en este suplemento. Pero también lo hemos planteado en cuanto foro de debate hemos podido participar; inclusive también ante las autoridades provinciales.

Hoy vemos que, tímidamente, se ha comenzado a poner un freno a esas anormalidades, y empieza a notarse un cambio. Muy pequeño, por cierto. Pero queremos confiar en que éste sea el primer paso para un verdadero cambio de mentalidad. Esa es nuestra esperanza. Nos referimos a que tanto el ERSEP, como ENARGAS, han reglamentado recientemente la posibilidad que los municipios recarguen con tasas municipales la factura por los servicios esenciales, y se han reservado para sí la posibilidad de autorizar, o no, esa carga tributaria.

El alto costo operativo de la EPEC tiene que ver, entre otros, con los altos costos laborales de sus trabajadores, amparados en “conquistas gremiales” que pueden haber sido muy razonables y racionales en otros tiempos, pero que en la actualidad requieren necesariamente una revisión. Desde aquellos años setenta hasta la actualidad, el mundo ha cambiado: se derrumbó el “muro de Berlín”, el régimen comunista de la Unión Soviética ha desaparecido, y también cambió nuestro país: tuvimos períodos de hiperinflación, de crisis económicas, períodos de crecimiento económico, pero también de estancamiento, etc.  Pero éstas parecen ser realidades, desconocidas por las entidades sindicales de nuestro tiempo, que se mantienen aferradas a sostener esos privilegios que producen desigualdades sociales irritantes, y que encarecen el costo de producción. No decimos que haya que cambiar todo; simplemente decimos que es necesario discutir ciertos aspectos para aggiornarse a los tiempos que nos toca vivir.

El gran problema de las empresas locales es la inestabilidad económica, el permanente cambio de las reglas de juego y la inseguridad jurídica que incluye el alto costo laboral. Estas tres cosas constituyen una mezcla muy difícil de combinar; y armonizarlos o minimizarlos constituye un requisito básico, si pretendemos que el mundo inversor vea a la Argentina como un mercado apetecible para producir bienes, que luego sean exportables al mundo entero.

Es impostergable que la dirigencia advierta la necesidad de lograr acuerdos. Es preciso alcanzar un amplio consenso, donde la oposición contribuya de manera honesta y transparente, alejada de actitudes demagógicas, y sin perder de vista el fondo de la cuestión: que tanto los ciudadanos como los distintos actores económicos necesitamos señales y reglas claras y sostenibles en el tiempo, que permitan orientar y planificar el desarrollo productivo a corto, mediano y largo plazo.

Este sinceramiento es concomitante con la necesidad de bajar el déficit fiscal, fruto de las distorsiones y desequilibrios acumulados durante estos últimos años en el sector estatal, en todos los niveles. Y en esto también es necesario un sinceramiento y amplio acuerdo político y social. Nuestro país no puede seguir más con el alto déficit fiscal que tiene desde hace ya muchos años. Y para bajarlo no podemos recurrir a medidas mágicas, que hagan que desaparezca de un día para el otro; es necesario tener políticas a largo plazo que perduren en el tiempo para obtener el resultado esperado. Y esas políticas necesariamente deben ser acordadas, consensuadas, y discutidas entre los principales actores sociales de la comunidad. ¿Es tan difícil lograrlo? ¿O será que quizás nunca nos propusimos real y verdaderamente intentarlo? Creemos que ya es tiempo de hacerlo. Por nosotros, por nuestros hijos y por todos quienes queremos a este gran y bendito país y que deseamos el bienestar de su gente.

Sin estas correcciones, no se generará el desarrollo y bienestar que la sociedad espera y merece.

La pregunta es: ¿seremos capaces, los dirigentes argentinos, de olvidar por una vez nuestros intereses sectoriales y particulares, y priorizar los generales y actuar en consecuencia?